El tema parece ser uno más de una larga sucesión de hechos de violencia que se consideran menos importantes, pero lo cierto es que refleja perfectamente el deterioro institucional que sufren varias regiones del país. Desde hace una semana y un día, cinco policías estatales están secuestrados en la normal rural de Cherán, en Michoacán. Junto con ellos están secuestradas varias patrullas y una treintena de camiones de carga, de pasajeros y tráileres. La carga fue saqueada y algunos de los autobuses fueron secuestrados con todo y pasaje, y las víctimas aseguran que les fueron robadas sus pertenencias. Para movilizar esos camiones o autobuses, cuando los normalistas deciden hacerlo, roban gasolina y en muchas ocasiones toman las casetas de peaje, donde no le cobran el mismo a los automovilistas, pero les solicitan una “aportación voluntaria” que es difícil de rechazar cuando el carro está rodeado de manifestantes poco dispuestos a tener un no como respuesta.
La visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue al lugar en que están secuestrados los policías y constató que éstos comen, pero que no han podido cambiarse de ropa o asearse, que duermen en el suelo y son custodiados en medio de la comunidad por un grupo de mujeres. La comunidad, obviamente, está armada, por lo menos, por machetes. Para liberar a los policías los dizque estudiantes de Cherán y de otras normales rurales, que hace meses que no funcionan y tienen un régimen de autogobierno, dicen que les tienen que otorgar mil 200 plazas de maestros para sus “estudiantes”, plazas que, por supuesto, no se otorgan por mérito alguno sino en automático y para maestros cuyas posiciones son inamovibles.
Es difícil entender por qué se permite este tipo de hechos. Un secuestro es un secuestro, se escude bajo un reclamo supuestamente político o no. Un rescate a cambio de un secuestrado es eso: un rescate, se solicite dinero, productos en especie o plazas magisteriales, sobre todo en un estado donde existe el mayor número de aviadores magisteriales de todo el país, junto con Guerrero y Oaxaca. Las autoridades no pueden permitir que existan policías secuestrados y simplemente ponerse a negociar con los secuestradores, apelando a su buena voluntad para que liberen a sus víctimas.
¿Se llegará a comprender la magnitud del daño que se ocasiona a la gobernabilidad y a la legitimidad de las instituciones? Porque el ejemplo cunde cuando simplemente no pasa nada: con banderas políticas se puede secuestrar sin costos. Las policías locales ya no quieren intervenir en este tipo de casos y en esas zonas porque simplemente el Estado no los defiende. ¿Cómo se le puede pedir a un policía que sea, además de honesto, entregado y que se sacrifique por garantizar la seguridad si las propias autoridades los abandonan? Hay cosas que no pueden ser ni negociables ni admisibles. Y ambos, lo inadmisible y lo innegociable, se dan hoy en Michoacán.
No demasiado lejos de donde están secuestrados los policías, los autobuses, los camiones, está secuestrada toda una comunidad, la del municipio de Buenavista Tomatlán y sobre todo las del poblado conocido como La Ruana. Allí están enfrentados guardias de autodefensa que supuestamente están relacionados con unos grupos del crimen organizado, en lucha con sus rivales en la zona, también del crimen organizado. La gente no puede salir de sus casas, no llegan los alimentos, sus cosechas se están perdiendo porque no pueden sacarla de la zona ni comercializarlas, no hay gasolina, dos empacadoras de aguacates han sido incendiadas porque no pagaron derecho de piso, el hermano del alcalde ha sido asesinado porque éste no quiere darle a los de las autodefensas las armas de la policía municipal. Vamos, hastaServando Gómez, La Tuta, jefe de Los Caballeros Templarios, entró en el debate sobre lo que ocurre en la zona vía video, dando órdenes a los suyos. Pero no pasa nada: ¿tan difícil debe ser rescatar a una comunidad para que pueda vivir en paz, o simplemente comer, y no entre los fuegos de dos grupos criminales?
Algo está muy mal en Michoacán y está mal desde la propia cabeza de las instituciones. Es verdad que el gobernador Fausto Vallejo está enfermo y que ese es un hecho que no puede soslayarse. Pero también es verdad que es inconcebible que no se sepa qué dolencias tiene el gobernador, dónde es atendido, si está o no en condiciones de ejercer su responsabilidad y cuándo volverá a hacerlo. No puede ser que en un estado tan importante y que vive una situación tan crítica haya un gobierno interino que no se sabe cuánto durará en sus funciones ni en qué condiciones, pero que, además, haya elegido la vía de la prescindencia a la hora de atacar la delincuencia y defender a la ciudadanía.
